El ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal tras los incidentes ocurridos en la marcha realizada el miércoles 12 de marzo en el Congreso Nacional, donde grupos organizados de "barras bravas" y otras agrupaciones protagonizaron hechos de violencia contra las fuerzas de Seguridad.

La cartera de Seguridad acusa a los responsables de los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.

La denuncia, firmada por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto, se presentó ante la justicia federal y apunta contra los organizadores de la movilización.

La presentación judicial también hace referencia a un video de Mario Firmenich, exjefe de Montoneros, en el que llamaba a participar de la marcha.
 
Además, según el texto, algunos de los grupos movilizados fueron "profesionales de la violencia" que habrían recibido sumas de dinero para provocar disturbios y enfrentarse con las fuerzas de seguridad.

En este sentido, el documento afirma que los grupos violentos fueron organizados con anticipación y partieron desde municipios como La Matanza y Lomas de Zamora, vinculando a los intendentes Fernando Espinoza y Federico Otermín con el financiamiento de la movilización. Además, se identificó a Leandro Capriotti como el principal organizador de la protesta.

De acuerdo a lo argumentado, los incidentes registrados incluyeron agresiones a la Policía Federal Argentina con piedras, armas blancas y armas de fuego, así como incendios de objetos en la vía pública, daños a patrulleros y motos, y lesiones a más de una docena de efectivos.

Entre los heridos también se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo, quien fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno, y una mujer mayor que fue trasladada a un hospital tras un forcejeo con un agente.

Por último, el ministerio de Seguridad sostiene que la marcha buscó "desestabilizar" al Gobierno del presidente Javier Milei y anuncia que los grupos involucrados anticiparon que repetirán sus acciones "todos los miércoles".

EL GOBIERNO EXIGIÓ EL APARTAMIENTO DE LA JUEZA
Para cerrar, la cartera de Patricia Bullrich cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de más de 100 detenidos "a través de un mensaje de WhatsApp sin revisar las actuaciones ni los antecedentes de los involucrados".

El Gobierno indicó, también, que evalúa presentar una denuncia contra la magistrada por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público.