La investigación se inició a partir de una denuncia efectuada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella, Secretaría Penal N° 3 a cargo de Maximiliano Iturburu, quienes dieron intervención a esta División especifica con la finalidad de determinar si en un establecimiento de la calle Gualeguay al 5400 de la localidad de Ezpeleta, funcionaba un asilo de ancianos y, en tal caso, establecer si existían allí conductas ilícitas relativas a la Trata de Personas o la Explotación Laboral.

En consecuencia, los efectivos federales iniciaron amplias tareas de campo, luego de las cuales efectivamente lograron establecer que, en el domicilio antes mencionado funcionaba una residencia para adultos mayores clandestina, camuflada en una zona rural con su frente disimulado por abundante vegetación. 

Asimismo, se determinó que dicho lugar había sido clausurado el año pasado por el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que, a pesar de ello, el mismo continuaba funcionando. Sin embargo, las instalaciones edilicias se encontraban en pésimas condiciones de mantenimiento. Ante tal situación, el Magistrado ordenó el inmediato allanamiento del lugar, disponiendo el “Registro Domiciliario, Secuestro, Requisa Personal y Vehicular”, con la finalidad de obtener los elementos probatorios de interés para la presente causa.



Debido a la magnitud del procedimiento, el mismo fue realizado con la cooperación de personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Secretaría de Salud y Agencia de Fiscalización y Control Comunal del Municipio de Quilmes, del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y, del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.



Durante el operativo, se pudo identificar y notificar de la causa a una encargada del establecimiento y a su cocinera, siendo estas dos personas las únicas disponibles para la atención de los 25 pacientes. Es de destacar que las instalaciones no eran las adecuadas para la cantidad de personas que allí residían, ya que no cumplían con las medidas mínimas de seguridad e higiene correspondientes, ni contaban con ración de comida suficiente. Las víctimas, la mayoría con problemas cognitivos y de movilidad, se encontraban en condiciones de hacinamiento y falta de aseo personal.

En cuanto a los adultos mayores, los mismos fueron entrevistados por el equipo interdisciplinario presente en el lugar, quienes verificaron el estado de salud física y mental, no estableciendo la presencia de signos de violencia.



Como consecuencia de las condiciones establecidas, el Magistrado dispuso el traslado de los ancianos con sus familiares o, en caso de no ser posible, la reubicación de los mismos en las residencias geriátricas disponibles en PAMI, la Intendencia de Quilmes o el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

Por último, la Judicatura actuante dispuso la Clausura Judicial y Administrativa del lugar, y el secuestro de las 25 copias de las historias clínicas de los damnificados.